A veces un proceso penal no comienza con un delito.
Sino con una posición cívica.
Cualquier Estado en guerra refuerza el control.
Cualquier sociedad, en ese momento, se vuelve especialmente sensible a la crítica.
Imagine: usted realiza una transmisión en directo.
Unos meses después — es acusado en virtud de un artículo relacionado con una amenaza al Estado.
Pero ¿dónde termina la seguridad — y comienza la persecución penal por una palabra?
Posición de las autoridades nacionales en el caso Shavliuk contra Ucrania.
La Fiscalía confirma, en esencia, que en un mismo procedimiento se han acumulado cargos por obstrucción de la actividad de las Fuerzas Armadas y por fraude; que la persona se encuentra en prisión preventiva desde octubre de 2024; que el escrito de acusación ha sido remitido al tribunal; y que la prórroga de la detención se fundamenta en la vigencia de la ley marcial y en la existencia formal de riesgos procesales. Al mismo tiempo, la institución subraya la ausencia de quejas sobre los métodos de investigación y traslada la evaluación definitiva al tribunal. Sin embargo, no revela la base fáctica concreta de la acusación relativa a la seguridad nacional, no analiza la relación entre la persecución penal y la actividad pública del acusado, no justifica la proporcionalidad de la prolongada prisión preventiva ni aplica el test de necesidad de injerencia en la libertad de expresión conforme al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el contexto jurídico europeo, esto aparece como una posición procesalmente correcta pero sustancialmente incompleta en un asunto que afecta al equilibrio entre seguridad y libertad de expresión.
La administración del centro penitenciario confirma que Shavliuk se encuentra en la institución desde el 2 de noviembre de 2024, que tiene acceso sin restricciones a sus abogados, posibilidad de reuniones confidenciales, asistencia médica y que todas las medidas de régimen se registran mediante videovigilancia. Asimismo, se indica que el detenido no ha presentado quejas sobre las condiciones de reclusión, presión física o psicológica ni vulneraciones de derechos. No obstante, la respuesta tiene un carácter exclusivamente formal, no contiene una evaluación independiente de las condiciones de detención, no especifica la intensidad ni el régimen de aislamiento y no revela mecanismos de supervisión externa ni verificación efectiva de posibles riesgos. En el contexto jurídico europeo, ello supone una confirmación institucional del cumplimiento formal del procedimiento, pero no proporciona una valoración objetiva del respeto a los estándares del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal Municipal de Vinnytsia no respondió a una solicitud periodística oficial dentro del plazo legal de cinco días ni emitió una denegación motivada. Teniendo en cuenta que la redacción actuó en el marco de la Ley de Ucrania «Sobre el Acceso a la Información Pública», tal inacción puede indicar la creación de obstáculos al ejercicio legítimo de la actividad periodística y podría constituir un delito previsto en el apartado 3 del artículo 171 del Código Penal de Ucrania.
En 2021, la Fiscalía de Vinnytsia reconoció públicamente condiciones de detención insalubres y degradantes en el centro de detención preventiva de Vinnytsia. Nuestras fuentes sobre el terreno afirman que las condiciones no han cambiado desde 2021. Varios años después, cuando un tribunal solicitó los materiales de verificación relativos a las denuncias de un detenido sobre posibles vulneraciones de las condiciones de reclusión, la Fiscalía se negó a proporcionarlos, alegando “información oficial”. Tal postura —existiendo problemas previamente documentados— crea una impresión de opacidad institucional y plantea serias dudas sobre la eficacia de la supervisión en materia de derechos humanos en un establecimiento donde podrían estar en juego las garantías protegidas por el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Solicitamos al abogado de Shavliuk que nos facilitara la posición escrita de su cliente. No se recibió respuesta. Esto puede indicar la ausencia de una estrategia de defensa coordinada, un conflicto con el cliente, un cambio de postura, un silencio táctico (artículo 63 de la Constitución — derecho a no declarar), o simplemente que el cliente no ha dado instrucciones.
Conclusiones preliminares
Es necesario examinar las anomalías de este caso y, sobre la base de la información obtenida, determinar si existen indicios de fabricación de materiales del proceso penal, vulneraciones del derecho a la defensa y la posible existencia de un contexto político en el procedimiento.
Posición de las autoridades nacionales en el caso Stakhiv contra Ucrania
La respuesta de la Fiscalía Regional de Lviv en el caso Stakhiv demuestra una posición procesal estándar: referencias a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, justificación de los riesgos, explicación del procedimiento de recurso y clara distinción entre información pública y secreto de la investigación. En esta etapa no se observan indicios de ocultación de información ni de obstaculización de la actividad periodística. La práctica demuestra que cuando las autoridades no tienen motivos para el secretismo, las respuestas adoptan precisamente esta forma formal y jurídicamente estructurada; las anomalías, por regla general, aparecen allí donde el sistema comienza a eludir la transparencia.
La posición del abogado está formulada de manera procesalmente precisa y jurídicamente cuidadosa: se indican claramente los artículos de la acusación, los números de los procedimientos y la competencia territorial; se expone una línea de defensa coherente; y las formulaciones valorativas (“persecución política”) se presentan como la posición de la defensa y no como un hecho establecido. El texto no contiene retórica emocional, sino que se apoya en mecanismos procesales, en la enumeración de supuestas vulneraciones y en la referencia a las denuncias presentadas ante las autoridades competentes. Esta estructura corresponde al modelo europeo estándar de defensa jurídica y no demuestra signos de comunicación caótica o forzada.
A pesar del consentimiento previo, Ostap Stakhiv no proporcionó respuestas a las preguntas enviadas por la redacción. Las razones de esta decisión se desconocen y pueden estar relacionadas tanto con consideraciones tácticas de la defensa en el marco del proceso judicial en curso como con otros factores, incluidas limitaciones de carácter procesal. En esta etapa no se han identificado indicios de obstrucción directa de la comunicación.
El centro de detención preventiva de Lviv no respondió a la solicitud relativa a las condiciones de detención de Stakhiv; sin embargo, en el momento de la publicación ya había sido puesto en libertad y se encuentra bajo una medida de obligación personal. Por lo tanto, la cuestión de las condiciones de detención permanece sin aclaración oficial, pese a haber perdido relevancia práctica debido al cambio de medida cautelar.
La respuesta del Tribunal de Distrito de Halytskyi de Lviv tiene un carácter claramente procesal y no contiene signos de comunicación restrictiva o evasiva: el tribunal confirmó la existencia del procedimiento, la fase actual de examen, la composición de la defensa, la ausencia de una medida cautelar privativa de libertad y el principio de audiencias públicas, incluido el derecho de los medios a grabar el proceso. Esta forma de respuesta se ajusta a los estándares de publicidad de la justicia y no indica ocultación de información ni opacidad institucional.
Conclusiones preliminares
Es necesario examinar las anomalías del procedimiento en virtud del artículo 114-1 del Código Penal, analizar el contexto del enjuiciamiento penal y determinar si existe o no una dimensión política en el caso. De forma preliminar, en el momento de la publicación, los derechos de Ostap Stakhiv no parecen estar vulnerados en una medida que requiera la adopción de medidas urgentes de intervención internacional.
Artículo 114-1 del Código Penal de Ucrania. Posición de la Oficina del Fiscal General
En respuesta a la solicitud de la redacción, la Oficina del Fiscal General proporcionó estadísticas detalladas sobre los procedimientos penales iniciados en virtud del artículo 114-1 del Código Penal de Ucrania, incluyendo la dinámica de registro de los casos, el número de procedimientos remitidos a los tribunales y los resultados de la investigación preliminar. Además, la solicitud fue remitida a la Administración Judicial Estatal, que facilitó un amplio conjunto de datos procesales. Estos materiales requieren un análisis independiente y serán examinados en detalle en las próximas partes de esta investigación. En esta etapa puede afirmarse que, en lo relativo a cuestiones estadísticas y procesales, las más altas autoridades ejecutivas de Ucrania han proporcionado la información solicitada en su totalidad.
Los materiales utilizados en este artículo fueron recopilados por Vladyslav Duda.
La revisión editorial fue realizada por una periodista de investigación austriaca no binaria bajo el seudónimo “A&R”.
En nombre de la Justicia.
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